Movilidad jubilatoria, emergencia, privatizaciones y límites a la protesta: los ejes del proyecto de “ley ómnibus” de Milei
En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” ...
En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025.
En su primer artículo el, la iniciativa –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica una veintena de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Por caso, dispone que, de aprobarse esta ley, los diputados nacionales ya no se elegirián por el sistema proporcional actual sino que se establece un sistema de circunscripciones uninominales. La división de los distritos en circunscripciones será efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá tomar como base el censo nacional de 2022 y procurar asegurar que en cada circunscripción no existan diferencias superiores al 3% del número de habitantes. El proyecto dispone que, al fijar los límites territoriales de las circunscripciones “se deberán respetar los límites geográficos y políticos preexistentes.”
En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.
Otro punto polémico -que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos- es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, se faculta al Poder ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
Asimismo, incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Establece tres etapas con las correspondientes alícuotas aplicables: del 5% hasta el 31 de mayo del año próximo; del 10% hasta el 31 de agosto y del 15% hasta el 30 de noviembre. Incluye a los residentes fiscales argentinos, a los no residentes y aquellas personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales hasta diciembre de 2023.
El capítulo dispone la emergencia en la administración pública, que abarca todas las dependencias del sector público; el capítulo segundo se refiere a la privatización de las empresas públicas: allí se declara “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, diversas empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal.
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